PIM

El Proyecto Integral Morelos (PIM), es un proyecto compuesto por dos termoeléctricas de ciclo combinado de 622 MW; un gasoducto de 160 km de longitud y 30 pulgadas de diámetro, el Gasoducto Morelos (GM); un tendido eléctrico de 20 km; y un acueducto de 10 km de longitud y 20 pulgadas de diámetro^[1]. Este proyecto de generación de energía eléctrica a través de gas natural inicia en Tlaxco, en el estado de Tlaxcala, donde se conecta con la red de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el gasoducto Cempoala-Santa Ana, a través del Gasoducto Morelos. El Gasoducto Morelos atraviesa 9 municipios en el estado de Tlaxcala, 15 en el estado de Puebla y 3 en el estado de Morelos.

El Gasoducto Morelos conduce a la comunidad de Huexca, donde se encuentra una termoeléctrica ya edificada y otra en planeación. Estas dos termoeléctricas son de ciclo combinado de la llamada segunda generación, por lo que requieren del gas natural y de agua obtenida a través de un acueducto proveniente de la comunidad de Apatlaco, en el municipio de Ayala, Morelos. Finalmente, la electricidad producida sería incorporada a la subestación eléctrica Yautepec, en Cuautla, Morelos, a través de un tendido eléctrico de 20 km.

El PIM, en su conjunto, es promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reglamentado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno Federal. El PIM fue subastada en el año de 2011 en licitación de obra pública financiada a precio alzado y licitación pública internacional y cuenta con financiamiento en el formato público-privado a las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagas, además de incluir a la empresa italiana Bonatti subcontratada para la construcción del Gasoducto.

El costo monetario del PIM fue reportado por la CFE como de 1,600 millones de dólares. En su financiamiento, destaca la presencia del gobierno español, a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM).

Existen dos razones interconectadas por las que consideramos que al PIM como un megaproyecto: su magnitud y su vocación extractiva, ambas encaminadas a la transformación extrema del territorio a través de la violencia[2].

Sobre la magnitud del proyecto, el PIM es un proyecto marco que amalgama diversas infraestructuras menores que se interconectan a través de la termoeléctrica en Huexca, pero que también sirven funciones propias. Como han predicho y comprobado los pueblos, del Gasoducto Morelos se han creado nuevos ramales, y la subestación eléctrica funcionan para la transmisión de otras fuentes productoras o consumidoras de energía. Esta multiplicidad de proyectos significa una explotación intensiva de la naturaleza, convertida en mercancía. En México existe una sobreproducción de energía. Mundialmente los países producen 18% de reserva eléctrica, en Mexico se produce 40%, la política económica apuesta a esta forma extractiva de generar energía eléctrica a costa del despojo de agua y tierras de los pueblos indígenas en muchas partes del país.

La vocación extractiva de este proyecto conllevará a la transformación radical del territorio al mantener la perspectiva de crecimiento económico, la industrialización salvaje de la región oriente del estado de Morelos y del poniente de Puebla, a través de desarrollos industriales, carreteras, gasoductos, inmobiliarias, minería. La vida campesina se verá gravemente afectada al ser desplazada por la industria y su territorialidad de muerte. 

También se manifiesta en la violencia hacia las comunidades. La primera violencia es la falta de inclusión en las decisiones y en los beneficios. Esto es cierto tanto el carácter de su financiamiento, pensado hacia las ganancias privadas extranjeras. A pesar de su alto costo, el PIM sólo promete 1,800 empleos en la etapa de construcción (empleos de poca remuneración económica) y 30 empleos permanentes. Una cantidad irrisoria si consideramos que el PIM atraviesa más de 60 comunidades.

Ambas características significan una transformación permanente del territorio y de las relaciones sociales de quienes actualmente trabajan, viven y disfrutan en ese mismo territorio.

El PIM se ubica en una zona compuesta principalmente por comunidades campesinas e indígenas nahuas. Este megaproyecto marca una continuación de las formas de violencia y despojo que los pueblos de la zona, los pueblos del volcán, han conocido desde los tiempos de las haciendas, cuando los pueblos también pagaban los costos del enriquecimiento de otros[3]. Fue a partir de la recuperación/ repartición de tierras en la época Posrevolucionaria que se definió la propiedad social que, a pesar de los embates neoliberales, todavía persiste: el ejido y los bienes comunales, regidos por asambleas.

En ellas, buena de su subsistencia proviene del trabajo en el campo; en la zona se cultiva maíz, frijol, calabaza, sorgo, amaranto y jitomate, además de la recolección de especies pequeñas e insectos como alimento[4]. Eso significa que se requiere acceso a agua, a través de pozos o incluso hay zonas de temporal. Por esa razón, los pueblos de la zona se han mantenido en pie de lucha desde el año 2004, a través de distintas agrupaciones locales o regionales[5]. Desde 2012, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA-MPT) ha surgido como un frente de lucha común para los ‘pueblos del volcán’[6], aunque las comunidades mantienen trabajo propio y autonomía en la toma de decisiones.

Los beneficios del PIM no son para estas comunidades, sino para capitales nacionales y extranjeros. La energía eléctrica tampoco es para las comunidades, sino para la industria actual y futura. Los peligros y los costos los absorben los pueblos del volcán, a quienes se les pide renunciar a sus territorios, a su forma de vida y a su seguridad.

Las centrales de ciclo combinado que producen electricidad han sido señaladas por el gobierno de México como un paso hacia la transición energética frente al cambio climático[7]. Sin embargo, investigaciones de la UNAM ha demostrado que el gas natural es en realidad gas metano, el segundo hidrocarburo en la producción del cambio climático, que la construcción de una nueva infraestructura también reduciría la biodiversidad de la región[8]; igualmente, iría en contra de la soberanía energética y estabilidad económica del país lo que se traduciría en aumento a las tarifas de la electricidad[9]. La continuidad y renovación de esta injusticia energética tiene paralelos en otras partes del mundo, donde se ha mostrado que los intereses privados y estatales ignoran el conocimiento e historia indígena, forzando un modelo de desarrollo energético que reproduce la desigualdad[10].

Breve historia del PIM y la resistencia

En el siguiente apartado, se presenta una línea del tiempo que hemos reconstruido del desarrollo del Proyecto Integral Morelos. En dicho esfuerzo de reconstrucción histórica, iniciamos con la reactivación del volcán Popocatépetl en 1994, así como con 1998, el año en que la Comisión Reguladora de Energía entregó un permiso para un gasoducto.

En su primera versión, detallada en el permiso G/039/TRA/98 a Transportadora de Gas Zapata, S. DE R.L. DE C.V., una filial de The Williams Company. Ese proyecto, el antecedente más antiguo que tiene el PIM, se trata de un gasoducto entre los estados de Puebla y Morelos con el objetivo explícito de promover e incrementar la industria en el oriente de Morelos y a lo largo del trayecto, denominándolo de utilidad pública[11].

En ese documento no hay mención de las comunidades afectadas. Resaltamos, entonces, las primeras menciones en la prensa regional en 2004 tanto de la negativa de las comunidades, como del hostigamiento estatal y privado para el proyecto[12].

La línea temporal también evidencia las transformaciones que el proyecto ha tenido, en cuanto al tipo de financiamiento y al trazo mismo de la obra. Por el contrario, lo que se ha mantenido constante es la lucha de los pueblos, quienes, a pesar de haber sido obstaculizados a en su derecho a la información, han mantenido una lucha colectiva, a través de las autoridades comunitarias y agrarias. 

En el periodo 1998-2009, se trataba de una obra eminentemente privada, primero entregada a una filial de una compañía estadounidense (1998) y, posteriormente, a una filial de la compañía alemana Oiltanking (2004). La organización de los pueblos logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconociera las violaciones cometidas en nombre de este proyecto, especialmente porque se trataba de una obra privada[13].

En 2010, la Secretaría de Energía (Sener) retomó el control del proyecto   y en 2011 definió el PIM con los cuatro subproyectos mencionados anteriormente, licitados en formato de asociaciones público-privadas con compañías españolas (Abengoa, Enagás y Elecnor) e italiana (Bonatti). Dentro del PIM, la propiedad de la tierra ha sido un elemento central: en el caso de la termoeléctrica, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de 2011 indica que uno de los criterios considerados fue que los predios en Huexca eran de propiedad privada, mientras que los otros predios contemplados tenían “limitantes en cuanto a tiempo” al ser ejidales[14]. La termoeléctrica fue construida en 2012, con apoyo de la fuerza pública estatal y federal, en el mismo lugar señalado en la MIA.

En contraste, el Gasoducto Morelos es el que ha tenido mayor número de modificaciones respecto a la MIA, puesto que requiere la unificación legal de toda la franja que atraviesa, para poder hacer la cesión de derechos.   Así, el FPDTA-MPT tiene conocimiento de 33 movimientos que ha tenido el trazo a partir de 2010, lo que evidencia el rechazo generalizado al proyecto. 

Un último aspecto por resaltar sobre la línea del tiempo está relacionado con la resistencia al proyecto.   Queda claro que proyecto, una vez conocido, ha sido invariablemente rechazado. Sin embargo, el aparato estatal no ha dudado en hacer uso de su poder: leyes, dádivas y la fuerza pública para implementar este proyecto.    A través de estos mecanismos, los promotores del proyecto (del estado y de las compañías involucradas) han dividido a los pueblos. Ante estos esfuerzos, el surgimiento del FPDTA en 2009 y su mantenimiento ha trabajado por unificar la lucha y detener el Proyecto.

^[1] Comisión Federal de Electricidad, 2011. “Proyecto Integral Morelos: CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos” http://em.fis.unam.mx/public/mochan/blog/20110803proyectoMorelos.pdf

[2] Flores Solís, J.C. y César Vargas, S., 2014. “La defensa de los pueblos del Popocatépetl ante el Proyecto Integral Morelos”, pp. 303-319. En ‘Territorios en Disputa: Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina’, Composto, C. y Navarro, M. L., comp. México: Bajo Tierra Ediciones y Jóvenes en Resistencia Alternativa.

[3] Flores Solís y César Vargas, 2014

[4] Coyotecatl Contreras, J.M., 2013. “Definición de una franja vial y redefinición de la escala de la localidad: El Gasoducto Morelos en Puebla”. Trabajo de grado de maestría en Antropología Social. Zamora: El Colegio de Michoacán, A.C.

[5] Juárez Galindo, I., 2004. “Autoridades y pobladores de Axocopan rechazan ducto de gas natural que atravesará sus parcelas”, La Jornada de Oriente, 6 de junio. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/09/06/puebla/ecl1.html

[6] Flores Solís y César Vargas, 2014

[7] Comisión Federal de Electricidad, 2016. “Informe Anual 2016”. https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/informe_anual/Informe%20Anual%202016%20CFE.pdf

[8] Sarmiento Galán, A., 2019. “Una alternativa: autonomía energética en el campo mexicano”, La Jornada del Campo 138, 16 de marzo https://www.jornada.com.mx/2019/03/16/Images/delcampo138.pdf

[9] Arellano, J., 2019. “Provocará la termoeléctrica mayor dependencia energética”, El Sol de Cuernavaca, 21 de febrero. https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/provocara-la-termoelectrica-mayor-dependencia-energetica-3061289.html

[10] Powell, D., 2017. Landscapes of Power: Politics of Energy in the Navajo Nation. Durham: Duke University Press.

[11] Comisión Reguladora de Energía, 1998. Título de permiso de transporte de Gas Núm., G/039/TRA/98

[12] Juárez Galindo, Ignacio, 2005. El gobierno exige intercambio de presos por nueva dotación de agua en Axocopan: Colotla. La Jornada de Oriente, 16 de mayo

            https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2005/05/16/puebla/pue1.html

[13] Domínguez Ríos, Miguel Ángel, 2006. En pie, el proyecto del gasoducto de una trasnacional alemana: Sener. La Jornada de Oriente, 14 de julio https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/07/14/puebla/pue108.php

^[14] Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y Comisión Federal de Electricidad, 2011. Proyecto 264CC Centro, Manifestación de Impacto Ambiental.